En los últimos años, las leyes que regulan los derechos de las personas trans han evolucionado de forma desigual en el mundo. Mientras algunos países consolidan modelos de autodeterminación de género y acceso a la atención sanitaria, otros dan un paso atrás en normativas o limitan tratamientos esenciales. El resultado es un mapa global fragmentado, que tiende a la polarización y donde el grado de protección depende en gran parte del país de residencia. En 2025, las leyes trans han sufrido avances y retrocesos en todo el mundo.
España, por ejemplo, tras la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, Ley 4/2023, se sitúa entre los marcos legislativos más garantistas. Sin embargo, la comparación con otros territorios europeos, Estados Unidos y América Latina revela un panorama complejo, lleno de contradicciones entre avances jurídicos, resistencias sociales y barreras en el acceso real a derechos.
¿Qué es la autodeterminación de género?
La autodeterminación de género es el derecho de una persona a que su identidad de género sea reconocida legalmente por el Estado. Esta legalidad posibilita el hecho de poder cambiar su nombre y sexo oficialmente, basándose únicamente en su autodeclaración, y sin necesitar un diagnóstico médico o un documento que acredite un tratamiento de hormonación o cirugía.
Autodeterminación de género en España
informes médicos. Esto supone un avance que ha situado al país como referente en materia de derechos trans, ya que ha permitido que personas de distintas edades puedan adecuar su documentación legal a su identidad de una manera más sencilla.
Sin embargo, persisten ciertos retos sociales que se sustentan en la falta de desarrollo reglamentario. Por ejemplo, el acceso de personas trans migrantes a la actualización documental genera vulnerabilidad práctica. Decisiones administrativas recientes como la imposibilidad de reconocer identidades no binarias en ciertos procedimientos, muestran que la igualdad legal aún no garantiza una igualdad operativa. O la situación actual de los sistemas penitenciarios españoles que están lejos de reflejar el respeto por la identidad de género.
La distancia entre norma y realidad cotidiana continúa siendo uno de los grandes desafíos en el territorio español.
La autodeterminación de género en Europa
En Europa, el panorama es heterogéneo. Algunos países avanzan en reconocimiento legal, mientras otros muestran retrocesos o disputas judiciales complejas.
Actualmente, Reino Unido ejemplifica esta tensión: aunque un tribunal laboral ha reconocido recientemente que permitir a mujeres trans utilizar vestuarios femeninos no contraviene la normativa, otras sentencias han generado incertidumbre sobre la definición legal de “mujer”, lo que ha polarizado el debate público y empieza a construir barreras sociales que se creían eliminadas.
La mayoría de países europeos contemplan algún tipo de reconocimiento legal de la identidad de género, pero el acceso a tratamientos médicos especializados sigue marcado por desigualdades, tiempos de espera prolongados y diferencias territoriales.
Estados Unidos: más restricciones que avances
El contexto estadounidense se caracteriza por una profunda brecha entre estados. Mientras que en algunos territorios se han mantenido decisiones que restringen la cobertura pública de cirugías de afirmación de género o limitan tratamientos hormonales. En otros, tribunales federales han intervenido para garantizar la continuidad de terapias, cuando su interrupción supone un daño clínico significativo.
El acceso a la atención sanitaria, la documentación legal y la protección frente a la discriminación varía enormemente en función del estado en el que se resida. Este escenario convierte a Estados Unidos en uno de los países con mayor disparidad interna en materia de derechos trans.
América Latina: avances y desigualdades profundas
La región latinoamericana presenta una realidad muy dual. Por un lado, se han conseguido algunos de los avances legislativos más progresistas del mundo. Mientras que por otro, siguen persistiendo profundas desigualdades sociales, falta de acceso sanitario y altos índices de violencia hacia las personas trans.
Países de América Latina pioneros en autodeterminación de género
Argentina continúa siendo un referente internacional desde su Ley de Identidad de Género de 2012, basada en la autodeterminación de género y en el derecho a acceder a tratamientos médicos sin tutelas judiciales. Uruguay y Chile han avanzado en líneas similares, garantizando el reconocimiento legal de la identidad y la protección frente a la discriminación.
En estos países, la legislación es sólida, pero la implementación depende en gran medida de la disponibilidad de recursos sanitarios, de la formación profesional y de la voluntad institucional de cada territorio. Por ejemplo, en Argentina, el colectivo denuncia pasos atrás y un deficiente desarrollo de la ley a nivel social.
Limitaciones en el acceso a cirugías y atención especializada
Aunque la legislación en algunos países permite el acceso a cirugías de afirmación de género, la realidad es que los sistemas públicos suelen presentar listas de espera prolongadas, falta de centros especializados, o escasez de profesionales con experiencia en distintos tipos de cirugía trans. Por este motivo, muchas personas trans de la región buscan estos tratamientos en países con atención privada altamente especializada, como España.
Contextos con barreras estructurales
En otros países latinoamericanos, especialmente de Centroamérica y Caribe, el reconocimiento legal a la autodeterminación de género es muy limitado o inexistente. En algunos casos no existe una ley de identidad de género, la atención sanitaria para personas trans está marcada por la exclusión y la violencia institucional es frecuente.
La falta de marcos legales claros dificulta tanto el acceso a documentación como la posibilidad de recibir atención médica con garantías.
Una región atravesada por la violencia
América Latina sigue siendo una de las zonas del mundo con mayor índice de violencia contra mujeres trans y personas no binarias. A pesar de los avances legislativos, la vulnerabilidad social continúa siendo un factor central, especialmente para jóvenes expulsados de sus hogares o personas trans migrantes.
La importancia del contexto social para las personas trans
La existencia de leyes protectoras no asegura por sí sola la aceptación social ni el acceso efectivo a los derechos. La discriminación institucional, la precariedad económica, la exclusión laboral y la falta de recursos sanitarios continúan afectando a miles de personas trans en el mundo. Pero también el desconocimiento de esta realidad hace que, en muchas ocasiones, sea la propia sociedad la que vulnere unos derechos ya conseguidos. La sensibilización social ha permitido en países como España que las personas trans puedan vivir su identidad a edades tempranas y exista una comprensión por parte de familias con menores trans, escuelas, centros sociosanitarios, etc.
En otros países, especialmente de Latinoamérica, en esta labor de educación social aún queda un largo camino por recorrer.
España un país avanzado
La comparación internacional muestra que España se sitúa claramente en el grupo de países con mayor protección legal y acceso a derechos básicos, así como en grandes avances en cambio de género. Frente a restricciones en Estados Unidos, o debates judiciales ambiguos en Reino Unido, el modelo español destaca por su claridad y por un reconocimiento explícito de la identidad de género en uno de los marcos legales más avanzados del mundo.
A nivel social, España también se encuentra entre los países más respetuosos con la realidad trans. Si bien debe mejorar la implementación práctica de su ley trans para evitar desigualdades territoriales o administrativas, el país se ha convertido en un referente internacional para muchas personas trans. Especialmente, para personas de Latinoamérica que buscan atención médica especializada y un entorno social más seguro.
La realidad trans en 2025 en el mundo
Las leyes pueden garantizar derechos como la autodeterminación de género, pero la aceptación social y la protección cotidiana dependen de factores más amplios.
A nivel internacional, la visibilidad del colectivo continúa creciendo, pero también lo hacen los discursos de hostilidad en determinados contextos políticos. En este sentido, 2025 se ha consolidado como un año en el que los derechos trans se encuentran en el centro del debate público, y donde la defensa de la diversidad adquiere una importancia crucial.
En un mundo donde los avances conviven con retrocesos, el futuro pasa por consolidar marcos legales sólidos que garanticen la autodeterminación de género, desarrollar políticas públicas inclusivas y fomentar una cultura social que respete la diversidad de identidades.
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